Con frialdad, Salvatore Mancuso relató en una corte de Nueva York que por orden de Carlos Castaño las Auc construyeron hornos crematorios para desaparecer los cadáveres de las víctimas. A diferencia de los otros 13 paramilitares que fueron extraditados con él hace un año, la confesión de crímenes de lesa humanidad en Justicia y Paz podría servirle para descontar la pena que debe purgar en Estados por narcotráfico. Así quedó pactado en mayo del año pasado.
Su caso parece ser la excepción, pues a los otros 13 extraditados la confesión de los crímenes cometidos en Colombia no les servirá para obtener beneficios en Estados Unidos. De ahí la declaración del fiscal Mario Iguarán en el sentido de que “la reconstrucción de la verdad es difícil en estas condiciones”. De los otros extraditados, Francisco Zuluaga, Ramiro ‘Cuco’ Vanoy y Diego Murillo, ‘don Berna’ ya fueron condenados por narcotráfico y buscan negociar rebaja de penas, y Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’; Rodrigo Tovar, ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo suspendieron las confesiones y esperan la condena.
Este es el balance tras un año después de haberse producido las extradiciones. Un balance en el que las grandes perdedoras son las víctimas, que ven con preocupación, tal como lo había advertido, que la extradición se está traduciendo en impunidad. “En estos casos, la extradición lleva implícito un sentimiento de incapacidad o falta de voluntad de la Justicia colombiana para juzgar a esas personas por delitos atroces, de lo contrario es difícil entenderla —afirma Michael Reed, del Centro Internacional de Justicia Transicional—. ¿Por qué si una persona está en las garras del Estado y puede ser sometida a Justicia y Paz o la jurisdicción ordinaria, frenan esos procesos con una extradición que pudiera haber tenido lugar posteriormente?”.
Como Reed, muchos expertos cuestionan que la extradición por narcotráfico haya prevalecido sobre el interés nacional de investigar y juzgar a autores de crímenes de lesa humanidad. “La extradición frenó la verdad, la justicia y la reparación y poco se sabrá de más fosas, de restitución de tierras –sostiene Patricia Buriticá, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación—. Ha sido afectados los derechos de las víctimas y crímenes como construir hornos crematorios para desaparecer gente quedarían impunes”. La extradición relegó a las víctimas a un segundo lugar.
Otros expertos creen que la decisión de extraditar a esos 14 jefes paramilitares con el argumento de que seguían delinquiendo, ocultaba la intención de sustraer de responsabilidad penal a los principales autores de crímenes de lesa humanidad y de garantizar su silencio sobre cómplices y beneficiarios del régimen paramilitar. De ahí que consideren que otro gran perdedor es el sistema de justicia colombiano que no puede demostrar éxitos en la lucha contra la impunidad por delitos atroces, y que no descarten en el futuro la intervención de la Corte Penal Internacional, que podría actuar su se demuestra que la Justicia colombiana es incapaz o no tiene voluntad de investigar crímenes de lesa humanidad.
En busca de fórmulas
El escenario que plantea la situación de los jefes paramilitares extraditados preocupa a las organizaciones de víctimas y a ONG defensoras de los derechos humanos. “Las víctimas tienen que buscar otro escenario para que las verdades sean reveladas en Estados Unidos –dice Cepeda-. Es necesario conocer la verdad y por eso buscamos vías de acceso a ella y a la Justicia”.
Cepeda no cree que todo está perdido y que puede haber una salida que permitiría que otros gobiernos y la propia Corte Penal Internacional (CPI) atiendan lo que puedan decir los extraditados por fuera de las versiones libres. “Ya han hecho declaraciones sobre nuevos responsables de la parapolítica y empresarios de alto nivel que financiaron las Auc —anota Cepeda—. Eso puede tener un fuerte impacto para el Gobierno de Barack Obama que ha hecho énfasis en el respeto por los derechos humanos”.
En cuanto a la CPI, el fiscal Luis Moreno presentó una solicitud al Gobierno colombiano mediante el Embajador en La Haya, Francisco José Lloreda, en la que pregunta por la forma en que se asegurará el juzgamiento de los mayores responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados.
“En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma, y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos”, dice Moreno en la carta. Las cartas están sobre la mesa y todo indica que las víctimas tienen quién las defienda.
