Colombia clean en español

A través de una caricatura, Aministía Internacional puso en el debate la eficacia de la ley de Justicia y Paz en Colombia. El vídeo, lógicamente, enfureció al Gobierno, pero muchos piensan que no está tan alejado de la realidad mientras cada día un congresista, gobernador, alcalde, o cualquier funcionario público, resulta investigado por la llamada parapolítica. Esto no pinta bien en el país y los negocios turbios que ha hecho el Estado con los grupos armados ilegales no se borran con agua y jabón. Es esta la ocasión para que la Justicia colombiana demuestre sus avances y no siga este territorio en la lista de los de mayores índices de impunidad del mundo.

Escarban tierra y ríos en busca de desaparecidos

(Esta imagen corresponde a la exposición hecha por víctimas de la violencia del conflicto armado en Colombia en el municipio de La Ceja, en Antioquia. Allí las víctimas pintaron su tragedia. Son más de 200 pinturas sobre la barbarie del conflicto armado)

A medida que pasan los días, luego de la desmovilización de 32.000 paramilitares en Colombia, se hacen más visibles los horrores de la guerra. Uno de ellos, la desaparición forzada. Mientras los forenses encuentran cada día una fosa común con 10 ó 20 cadáveres, en los ríos -como lo denuncia una serie del periódico EL COLOMBIANO- las madres buscan a sus hijos. Desaparecidos en Colombia, según Asfaddes, hay casi 9.000 casos reportados. De esos, el 80% fueron cometidos por paramilitares y “fuerzas oscuras del Estado”.

Con base en una ley, la de Justicia y Paz, los jefes de las autodefensas tienen que confesar qué hicieron con los desaparecidos para que de inmediato las autoridades, que ya diseñaron un plan nacional de búsqueda, los localice.

Muchas familias ya perdieron la esperanza de encontrar los cadáveres de sus seres queridos asesinados y luegos condenados a la inexistencia que significa estar desaparecido. Pero otras, muy pocas, están conociendo qué hicieron con sus hijos, dónde los enterraron o arrojaron. Años después se preguntan qué tipo de justicia puede aplicarse en estos casos, teniendo en cuenta que los cerebros de las desapariciones solo serían condenados a una pena máxima de prisión de ocho años.