El mundo lucha contra las minas, pero aquí aumentan

(23 de noviembre de 2005)

Elizabeth Yarce

El país que ocupa el tercer lugar en el mundo en muertos y heridos por minas antipersona es el que conoce John Ferney Giraldo, de 14 años, un menor de Sonsón que pisó uno de esos explosivos y ahora tiene una prótesis en su pierna izquierda.

Ayer se presentó en Medellín el informe Monitor de minas terrestres en el mundo. Colombia fue el único país en el que no cedieron las cifras de quienes tienen amputada alguna extremidad o quedaron con lesiones en la piel después de la explosión de una mina.

John Ferney, estudiante de tercero de primaria, dice que en mayo de 2004 la guerrilla obligó a todos los habitantes del corregimiento Río Verde de los Montes, en Sonsón, a abandonarlo todo. Pero no les advirtieron que debían huir por un camino minado.

“Caminamos tres horas y media. Éramos como 28 personas. El último era yo. Cuando iba subiendo la loma pisé algo y caí al suelo. En ese momento no sentía nada de dolor. Me paré para seguir caminando pero de pronto la pierna izquierda no me respondió y caí hacia adelante. Me miré y tenía el pie todo ripiado (destrozado)”, relata el menor quien asistió ayer a la presentación del documento en auditorio del Idea.

“Empecé a llamar a mi mamá y luego me llevaron hasta una parte que se llama Palestina. De ahí buscaron una camilla para sacarme al pueblo. De ahí me llevaron al hospital San Julián y me remitieron al San Vicente de Paúl en Medellín… Estuve 15 días en el hospital. Salí a recuperación. A la semana me pusieron una prótesis”.Comenta que esa no fue su peor tragedia porque cuando quiso volver a su casa no pudo hacerlo: “me tocó irme para el pueblo a vivir porque la finca de nosotros ya estaba toda minada. Pero con tanta guerra salimos este año desplazados otra vez en octubre y terminamos viviendo en Medellín, sufriendo mucho, pero qué se va a hacer”, lamenta el joven quien camina con dificultad.

“Trato de hacer lo mismo de antes pero la prótesis si es más pesada que la otra pierna. Sé que me va a tocar toda la vida con esto, entonces tengo es que vivir así, esto no tiene reversa”.

Dolor de Oriente

Las cifras lo dicen: en 2003, hubo 724 víctimas por minas en Colombia y en 2004 fueron 863. Después de Camboya y Afganistán la del país es la peor tragedia.El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, lamenta además que sea el departamento el que pone más víctimas en el país, con el 23 por ciento de los casos y que el municipio de San Francisco, en el Oriente antioqueño, haya puesto 163 víctimas el último año, la más al alta del país. (ver recuado anexo).

Son a diario en Colombia 2.7 personas las víctimas de las minas. Ayer, justo cuando se presentaba el informe Monitor en Medellín, una mujer también del Oriente antioqueño perdió su pierna al pisar un artefacto de este tipo.Se trata de Gilma Rosa Cardona, de 55 años, a quien le amputaron su pierna izquierda en el hospital de Abejorral. Pisó una mina en la vereda Pantano Negro, de Abejorral, después de la 1:30 de la tarde, cuando pretendía visitar a su vecina.

La mujer también sufrió fractura en su pie derecho y anoche el personal médico la remitió al Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín.”Hay todavía muchas víctimas inocentes, incluidos niños que son asesinados o mutilados por minas cada año en el mundo”, advierte Katleen Maes, del grupo Handicap International que participó en la elaboración del informe.

El documento de minas en el mundo revela que se identificaron 6.521 afectados en el 2004, en comparación con 8.065 de 2003. Sin embargo, consideran que las víctimas son entre 15.000 y 20.000 al añoporque hay un subregistro.El Informe de Minas Terrestres 2005 estuvo a cargo de la Campaña Internacional contra las Minas (ICBL) que resaltó el caso colombiano:

“El problema de las minas es principalmente rural. El 96 por ciento de los eventos registrados por el Observatorio de Minas Antipersonal tienen esta característica”, indica el documento.John Ferney y Gilma Rosa hacen parte de un grupo de más de 2.017 personas que han sufrido accidentes en el país desde 1990. “Esto es muy duro pero uno sabe que no puede hacer nada más. Métase en la cabeza que la pierna no le vuelve a crecer, me decía mi mamá y por eso me acostumbro de a poquitos”, cuenta John Ferney.

Antioquia es un caso que preocupa

El departamento de Antioquia es el que registra mayores incidentes por minas antipersona en el país y en 90 de sus 125 municipios ha habido víctimas de esos artefactos durante lo que va de 2005.Antioquia representó el 23 por ciento de todos los eventos relacionados con minas en el país. Los municipios más afectados fueron Apartadó, Argelia, Cocorná, El Bagre, Ituango, Medellín, Remedios, San Carlos, San Francisco, San Luis, Segovia, Turbo, Urrao, Yolombó y Zaragoza.El municipio con mayor número de incidentes por minas en el país es San Francisco, donde se registraron 163.

Sólo Dios vio cómo los mataron

(marzo de 2005)

Elizabeth Yarce Ospina

El silencio aterra en San José de Apartadó. Un día después del sepelio colectivo de cuatro adultos y cuatro menores, masacrados por un grupo armado en la vereda Mulatos, el pueblo parece vacío y, de vez en cuando, la quietud la rompen los niños que ríen y juguetean con las gallinas y los perros. De resto, todo se asemeja a un velorio.

Lidia Posso lamenta esas risas infantiles y se limpia con una mano las lágrimas mientras, con la otra, asa unas arepas en el fogón de su casa. “Qué daño puede hacer una criatura de esas, ¡Por Dios! Mire como juegan y se ríen. No me imagino los lamentos de mis niños”, dice la mujer que enterró anteayer a su hija Sandra Muñoz, su yerno Alfonso Bolívar Tuberquia y sus nietos, Santiago y Natalia, de 20 meses y 5 años, cuyos cadáveres fueron hallados por la Fiscalía en una fosa común el domingo pasado, en un paraje rural.

Desde el 21 de febrero, cuando se conoció la matanza, Lidia esperó sentada en la puerta de su humilde vivienda a que fuera una equivocación y a que en el grupo de desplazados que llegó, gota a gota, a la cabecera de San José, estuviera su familia. No fue así, fue peor… Luego tuvo que reconocer los cadáveres.”Siempre tuve fe. Van a llegar, van a llegar y nada. Llevo toda mi vida viviendo en este pueblo: vi cómo mataron al uno, al otro y me imaginé el dolor de esas familias. Ahora, que me tocó a mí, sólo quien sea madre sabe lo que es que le maten a un hijo y los nietos”, comenta la mujer mientras saca una fotografía de sus seres queridos.La última vez que los vio vivos fue el jueves anterior al lunes de la matanza.

“El niño tenía pito (leishmaniosis ) en la nuca y en una piernita. Lo trajeron al hospital y Natalia se quedó aquí conmigo”, explica.Relata que se devolvieron al otro día porque esperaban felices una cosecha de cacao y regresarían en un mes con las ganancias. “Me pongo a pensar en el sufrimiento y me pregunto qué estaban haciendo de malo una mamá con el papá y los niños para que me los mataran de esa forma. Qué es lo que debían unos bebés, qué crimen cometieron para que los despedazaran. Esto es de locos… Que Dios no me deje sentir odio, sólo él vio cómo mataron a mis ángeles”, agrega.Muy cerca de allí, uno de los desterrados trata de revivir los hechos: “el esposo y la señora estaban desyerbando un cacao cuando llegaron disparando. Le dieron a la mamá y quedó viva y le pegaron con el cabo de un hacha. A los niños también”.”Los perdono”.

La tristeza de Lidia se confunde con las caras largas del resto de habitantes de San José, un corregimiento de Apartadó que se declaró comunidad de paz desde 1997, es decir, territorio neutral donde no puede ingresar ninguna fuerza armada (estatal o ilegal).Pero esa declaratoria ha significado que, desde entonces, esa comunidad haya enterrado a 154 personas asesinadas en la cabecera y las 32 veredas que componen este caserío, ubicado a una hora de Apartadó.

Esos nombres fueron pintados en un morro de piedras de colores, apiñadas junto a un kiosco y a una cancha, lugar que todos denominan sede comunitaria.

Allá velaron las últimas ocho víctimas.Una comisión humanitaria que se dirigió a la vereda Las Nieves, donde se reportó la desaparición de otra familia, regresó en la tarde de ayer y descartó más víctimas.”Es que ocho, y tres de ellos niños, es demasiado sufrimiento para un pueblo”, recuerda un allegado a Luis Eduardo Guerra, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno, quien también murió junto a su compañera Beyanira Areiza y su pequeño de 11 años, Deiner Andrés Guerra.

“El único pecado que cometió fue estar pendiente de que acá se respetaran los derechos. Él tenía interlocución con la Vicepresidencia y contaba cualquier atropello que se cometiera”, dice uno de sus amigos.

Mientras tanto Lidia se recuesta en una cama y advierte que no quiere que por estas nuevas muertes haya otras. “No sé quién tuvo la sangre fría para hacerlo, pero Dios vio y de él no se podrán esconder. Para qué pedir más muerte y venganza.

Esos hijos son de uno y a mí me duele mucho pero los perdono y pido que el que hizo esto -no creo que sea una persona- nunca encuentre un hijo despedazado. No creo que haya paz para un asesino de niños”, indica.Las versiones sobre los responsables de la matanza son encontradas. Unos sectores señalan al Ejército, otros a las Farc y unos más a las Auc.

Lidia solo atina a decir “gente sin corazón… Ellos tendrán siempre en sus conciencias los lamentos de esas pobres criaturas”.

Ayuda al lector
San José, entre resistencia y ataques

Una comisión humanitaria que fue a la vereda Las Nieves, a cuatro horas de San José de Apartadó, regresó a la cabecera con un informe sobre lo ocurrido en el sitio donde también se denunció la retención y posterior asesinato de Alberto Vargas, su esposa y tres hijos. La delegación de Ong nacionales e internacionales estableció que no hubo muertos en el lugar pero tampoco dio con el paradero de esa familia. También en la vereda La Esperanza se desconocía el paradero de las familias de Roberto Monroy y Ramón Nieves, desaparecidas desde la semana pasada, luego de que armados estuvieron en el lugar. “Tenemos esperanza de que esas familias hayan huido del lugar. Ojalá no haya más muertos”. Un informe de las Fuerzas Militares en Urabá sobre esa zona, señala que San José de Apartadó es un corredor estratégico para los grupos armados ilegales que en varias ocasiones han atacado a la población en ese corregimiento. El 7 de diciembre de 2004, y en hechos atribuidos a las Farc, fueron degollados tres indígenas en la vereda Las Playas. Y el pasado 21 de febrero fue asesinada otra persona, cuya entidad no fue establecida.En la cabecera de San José de Apartadó no hay Ejército ni Policía y su ubicación como puerta de acceso a la serranía de Abibe, hace de este corregimiento un punto estratégico para los armados, pues permite el paso a Córdoba, Chocó y Antioquia.

Secuestros dejan a familias en la ruina

Por Elizabeth Yarce
Las familias de los secuestrados padecen en silencio otro dolor: pagar impuestos, matrículas, mercar y transportarse sin tener con qué. A la par, tienen que recoger dinero para poder asistir a las marchas y pedir solidaridad con su situación.
Otras se ven obligadas a hipotecar sus casas para pagar el rescate o endeudarse durante años para subsistir porque quien llevaba el “pan diario” a la casa está encerrado y escondido contra su voluntad, en manos de grupos armados.
Esta situación podrá ser menos dolorosa con el proyecto de ley que pasó a sanción presidencial mediante el cual se exime a las familias de los secuestrados del pago de impuestos y préstamos bancarios.
También las autoriza para recibir el salario de los cautivos, al tiempo que le da un año de plazo al liberado para renegociar las deudas pendientes.
El senador Jairo Clopatofski, autor de la iniciativa, indicó que las empresas públicas y privadas y las multinacionales deberán pagar a los familiares el sueldo que recibían las víctimas. Mientras que en colegios y universidades se abstendrán de cobrarles las matrículas y mensualidades por el lapso en el que estará congelada la realización de esos pagos.
“La norma será retroactiva, por lo que las personas que han sido privadas de la libertad en los últimos años también serán amparadas”, observó el parlamentario.
Los familiares de los plagiados tendrán que certificar el caso ante la Fiscalía y si mienten serán castigados hasta con cinco años de prisión.
Cuando el secuestrado quede en libertad, tendrá hasta un año para renegociar las deudas pendientes, según lo consigna esa iniciativa que está en manos del Presidente.
Fabiola Perdomo, esposa del ex diputado del Valle, Juan Carlos Narváez, secuestrado el 11 de abril de 2002, dijo que es “un alivio” en momentos en que cientos de familias colombianas luchan a diario para sobrevivir porque el único ingreso del hogar era el de la persona que está en cautiverio.
Ella es afortunada porque tiene un trabajo. Pero muchas mujeres son cabezas de familia y tuvieron que ponerse los pantalones, trabajar en lo que fuera y rebuscársela, pese a que nunca lo habían hecho.
Otras mujeres, como Consuelo Mesa, esposa del ex diputado Héctor Fabio Arismendi, se las ingenian para vivir. Ahora tiene una peluquería y con ella sostiene a su familia.
“Uno hace maromas para conseguir la plata. Hoy estamos muy bien porque mi hijo está libre y no le hicieron daño. Es muy triste saber que hay gente que paga y no se la devuelven”, agrega la madre de un secuestrado quien por razones de seguridad pidió reserva de su nombre.
Hasta ahora, muchas familias tuvieron que optar por la vía legal para poder subsistir con un ser querido secuestrado.
Es el caso de María Teresa Gómez, quien amparada en el artículo 86 de la Constitución interpuso una acción de tutela contra la empresa donde trabajaba su hijo, Argiro Restrepo, secuestrado desde el 30 de enero de 2001. Hace un año un juzgado ordenó a la empresa donde laboraba a pagarle su salario.